hooker-2000917_1920

Por: Monserrat Heikki Díaz Rodríguez.
UNAM, Facultad de Derecho.

 

Las leyes en México son un mero reflejo de la sociedad y el tema de la regulación de la prostitución es la muestra clara del estigma que una sociedad le impregna a una práctica que a la vez tolera. El presente artículo tiene como finalidad informar sobre la legislación vigente que rodea al fenómeno de la prostitución y puntualizar hacia donde debe ir encaminada una reglamentación adecuada.

 

Prostitución y Trata de Personas ¿lo mismo?

No. Buscando información sobre el tema en internet, pude encontrar varios artículos (periodísticos en su mayoría) que hacen mención sobre “explotación y prostitución”.  Para efectos legales y coloquiales, es importante hacer la precisión de que hablar indistintamente de prostitución, explotación y trata de personas es incorrecto.

Según la RAE, prostitución significa “actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero”. Jurídicamente, no hay ningún código en la CDMX ni pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que remita a alguna definición que pueda ser utilizado; sin embargo sí existe una disposición en el Código Penal del Distrito Federal que dice que se entenderá por Trata de Personas el acto de promover, facilitar, solicitar, ofrecer, consignar, trasladar, entregar o recibir para sí o para un tercero a una persona para someterla a esclavitud sexual (art. 188BIS).

En resumen: cuando se refiere a la explotación sexual que ejerce una persona sobre otra, se llamará TRATA DE PERSONAS; en cambio, si se habla de la actividad que libremente deciden ejercer algunos sujetos, se estará en presencia del término prostitución.

 

¿En México cómo se regula la prostitución actualmente?

Según la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal en su artículo 24, fracción VII, es una infracción contra la tranquilidad de las personas el invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. Aunque, la presentación del presunto infractor ante el juez cívico (ubicado en el mismo recinto que el Ministerio Público) únicamente procederá cuando se trate de una queja vecinal. Esto significa que para que realmente los elementos de policía puedan detener a los que ejerzan la prostitución o soliciten tal “servicio”, deberá mediar un escrito dirigido al Juez Cívico en el que 10 personas mayores de edad, con domicilios distintos entre sí y ubicados en la misma manzana o manzanas colindantes relaten los hechos relacionados con la infracción. (Art. 38 del Reglamento de la Ley de Cultura Cívica del DF).

La crítica que se le puede hacer al anterior procedimiento es que si bien, existe una disposición que sanciona la profesión de las meretrices, al parecer todo es letra muerta ya que habla de una serie de pasos un tanto complejos que indican que, al parecer, tal conducta es tolerada. La ley nos muestra un “sí, pero no” respecto del tema.

 

¿Es necesaria una mejor regulación?

Definitivamente. Personalmente creo que ejercer la prostitución alimento al fenómeno machista y sexista que vivimos, ya que se pone a disposición el cuerpo femenino como un simple objetivo para satisfacer necesidades a cambio de dinero. En pocas palabras, se vende a la mujer (y hombre por igual). Sin embargo, estoy consciente del tipo de riesgos que implica el vacío legal ante una práctica tan reiterada en la Ciudad, por lo cual creo más conveniente una regulación muy cuidadosa al respecto, que tome en cuenta que muchas de las personas que ejercen tal “oficio”, lo hacen siendo obligadas al mismo; es decir, que hay más casos en los que se habla de trata de personas que de prostitución en sí.

Puntos a considerar por legisladores.

La creación y modificación de leyes para que jurídicamente sea reconocida como una prestación de servicios puede ser un arma de doble filo, ya que podría atacar el problema de explotación sexual, pero a la par únicamente daría licencias a proxenetas para continuar la misma. Primeramente, se deberían crear verdaderos mecanismos de defensa para la trata de personas y poder reducir así las cifras tan alarmantes que actualmente se tienen; en un segundo plano, se procedería a crear una regulación delicada para que los sexoservidores sean considerados trabajadores y se les otorgue las protecciones laborales del Estado.  Además, sería necesario un registro de exámenes médicos continuos para detectar enfermedades de transmisión sexual y así evitar otro problema de salud pública.